29 febrero, 2024

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Nueva Era

Regulan diputados objeción de conciencia de personal médico

Legisladores del PAN advirtieron que el proyecto restringe el derecho y criminaliza al personal médico y de enfermería

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que establece los mecanismos a partir de los cuales el personal de salud del país podrá hacer uso de su derecho a la objeción de conciencia.

En medio de críticas de legisladores del PAN, quienes advirtieron que el proyecto restringe este derecho y criminaliza al personal médico y de enfermería objetor, el dictamen fue aprobado con 291 votos a favor, 106 en contra y 13 abstenciones.

La reforma busca dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que después de resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ordenó a los legisladores detallar los límites y alcances del derecho del personal médico y de enfermería a negarse a realizar procedimientos sanitarios cuando se opongan a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia.

El proyecto, que fue turnado al Senado, modifica la Ley General de Salud para establecer que la objeción de conciencia es el derecho individual que tiene el personal médico, profesional y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud para excusarse de realizar un acto médico legalmente aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus convicciones religiosas, principios morales o de conciencia ética.

Señala que la Secretaría de Salud será la autoridad competente para determinar su procedencia, proceso ante el cual deberá pronunciarse en un plazo breve, porque de lo contrario se considerará una negativa ficta.

Las modificaciones indican que la Secretaría deberá establecer y mantener actualizado el mecanismo para que el personal médico manifieste su decisión de ser objetor de conciencia y deberá garantizar en todo momento contar con personal médico no objetor, para asegurar la atención médica de las personas.

Establece que la objeción de conciencia no será procedente cuando haya insuficiencia de personal médico, cuando la negativa o postergación de la atención médica implique un riesgo para la salud de la persona, un daño o el agravamiento del daño, cuando exista la posibilidad de generar secuelas o discapacidades, cuando prolongue el sufrimiento o cuando no exista una alternativa viable o accesible para brindar el servicio requerido.

Además, indica que cuando la objeción de conciencia sea utilizada para retrasar o entorpecer los servicios de salud, dará lugar a las sanciones que establezca la ley.

La diputada del PAN, Leticia Zepeda, advirtió que la reforma restringe gravemente este derecho de los profesionales de la salud, porque le da a la Secretaría del ramo la autoridad para determinar su procedencia.

Además, agregó, establece circunstancias en las que no será viable, como la falta de personal médico no objetor, lo que atenta contra la autonomía y la libertad de conciencia de los médicos y del personal de enfermería.

«No podemos permitir que se atente contra la objeción de conciencia, ya que es un derecho individual y personas donde ninguna autoridad debería tener poder de condicionarlo o negarlo», consideró.

Zepeda advirtió que la reforma busca criminalizar y sancionar a los médicos y enfermeras, toda vez que contempla sanciones civiles, administrativas y hasta penales para el personaje que, bajo la premisa de objeción de conciencia, ocasionen retrasos o entorpecimiento de los servicios de salud.

Acusó también que plantea la existencia de un registro de objetores de conciencia, el cual busca tener identificados a quienes han manifestado su derecho a no participar en procedimientos que vulneren sus convicciones personales.

«Debemos buscar un equilibrio que garantice el acceso a la atención médica para todos y, al mismo tiempo, respete el ejercicio de objeción de conciencia. Este dictamen no cumple con ese cometido», demandó.

La perredista Elizabeth Pérez reconoció que el principal reto de la reforma es convertir en regla general la existencia de personal de salud suficientes, a fin de garantizar el servicio médico a la población.

La vicecoordinadora celebró que con estas modificaciones, se da un paso hacia el reconocimiento de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

«Hoy, damos un gran paso para hacer que, más allá de lo que establezca la Corte, esté plasmado en la ley que nosotras tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y cómo llegar a una vida plena y digna», afirmó.

En su turno, el morenista Emmanuel Reyes aseguró que con la reforma se garantiza la atención médica de la población, pero también los derechos de los profesionales de la salud.

Todo esto, dijo, sin estigmas y sin señalamientos hacia el personal que decida declararse objetor.

«No hay estigma, no hay señalamiento y se respeta la propuesta de cada uno de los profesionales de la salud si deciden declararse objetores en ciertos procedimientos quirúrgicos y esto tiene que ver también con los derechos a la salud», reiteró.