La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presionó durante meses para la donación de un rancho valuado en más de 250 millones propiedad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y, para lograrlo, elaboró por sí misma el contrato de promesa de donación y todos los documentos referentes para hacerse de este predio, pese a no contar ninguna facultad para hacerlo.
Así lo refieren decenas de documentos y cientos de correos electrónicos difundidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que evidencian la forma de operar de la Sedena para hacerse de este predio desde el año 2019, primero en el sexenio obradorista, mucho antes de que el Congreso de Veracruz aprobara la donación de esta propiedad en su favor, lo que era un requisito indispensable para su utilización.
Originalmente se planteó que este rancho, ubicado en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, sería vendido para devolver los recursos supuestamente robados por el gobernador Duarte al pueblo veracruzano; no obstante, terminó convirtiéndose en el Criadero Militar de Ganado y Centro Ecuestre al servicio del Ejército, con una extensión equivalente a 184 campos de futbol, con caballerizas, ruedos, casas, jacuzzis y lagunas artificiales.
Los documentos refieren que, durante meses, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena presionó a autoridades de la Dirección General de Patrimonio del Estado de Veracruz, la Secretaría del Gobierno del Estado e incluso al propio gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, para obtener la donación del 66.66 por ciento del predio por parte del Congreso de Veracruz.
Sin embargo, precisamente ahí radicó el problema, pues si el Gobierno del Estado quiere donar algún terreno, predio o bien en general, “es el Congreso quien tiene que autorizar esta donación, sobre todo en el caso de otras entidades estatales o de la Federación”.
“No puede existir un acuerdo previo de donación sin que el Congreso haya aprobado que se puede donar un bien determinado”, explica Cristina Reyes Ortiz, directora de Litigio Estratégico de la organización México Unido Contra la Delincuencia, en entrevista con Animal Político.
Esta organización fue parte del equipo encargado de elaborar el Inventario Nacional de lo Militarizado, informes que han servido como una radiografía de los procesos de militarización en México, pero en los que se han señalado precisamente que las donaciones de diversos terrenos o inmuebles por parte de diversos estados y municipios a la Sedena forman parte de todo un proceso que no han podido analizar, debido a la opacidad que impera en estas acciones.
Esta opacidad, a su vez, ha estado presente sobre todo en obras realizadas alrededor de proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo es el Centro Ecuestre de la Sedena, que originalmente estaba en la localidad de Santa Lucía (donde se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y que hoy forma parte de un listado de 46 proyectos prioritarios de la Sedena a los que se les autorizaron 7 mil 104 millones 310 mil pesos tan solo en 2021, pero de los que se desconocen más detalles. Aquí la historia detrás de este rancho.
Así maquinó la Sedena para apropiarse del rancho “El Eterno”
El 15 de enero de 2020, poco antes de la hora de la comida, la arquitecta Jessica Herrera Sampieri, analista administrativo del Departamento de Vinculación Ciudadana de la Dirección General de Patrimonio del Estado de Veracruz, recibió un correo electrónico que, como asunto, tenía la siguiente leyenda: “Contrato de Promesa de Donación ‘Las Mesas’”.
El capitán 2/o de Justicia Militar, Germán Óscar Alejandre Jiménez, secretario particular del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, fue quien envió el correo, mismo que contenía diversos documentos supuestamente solicitados por Belisario Reyes Herrera, director general de Patrimonio del Estado de Veracruz.
“En relación con la conversación telefónica que tuvimos hace unos momentos, me permito adjuntarle lo siguiente:
Oficio mediante el cual se hace del conocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz, el interés de la Secretaría de la Defensa Nacional para que el Gobierno de dicha entidad done a favor de la Federación, con destino a esta Secretaría, el inmueble denominado “El Eterno”, también conocido como rancho “Las Mesas””, se podía leer en el cuerpo del correo.
El inmueble, con una superficie aproximada de 922 mil 319.30 metros cuadrados, fue un predio cateado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en octubre de 2016, que supuestamente había sido adquirido por tres prestanombres del exgobernador Javier Duarte, con recursos presuntamente desviados del erario de Veracruz.
Luego de pelear la propiedad del rancho, el Gobierno de Veracruz a cargo del entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares pudo recuperar dos terceras partes del predio (66.66%), es decir la parte de dos de los tres supuestos prestanombres de Duarte, mientras que esperaba que los procedimientos administrativos y judiciales de la tercera parte también concluyeran en su favor.
Por este motivo, dentro del correo electrónico, el capitán Alejandre Jiménez también adjuntó una carta firmada por el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y dirigida a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, en la que le comunicaba de manera oficial “el interés de esta Institución de obtener la donación de la totalidad del inmueble a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
En dicho escrito el secretario de la Defensa Nacional le pedía al gobernador que de acceder a la petición realizara todos los trámites respectivos ante el Congreso de Veracruz para que autorizara la donación.
Para llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para materializar el instrumento jurídico correspondiente y recibir el inmueble, la Sedena designó al general de brigada Salvador Fernando Cervantes Loza, director general de Ingenieros, debido a que es “responsable inmobiliario de esta dependencia y cuenta con facultades para suscribir en representación del Gobierno Federal”, señaló el general en su misiva.
Un día después, el 16 de enero de 2020, Pedro Bonilla Muñoz, subjefe jurídico consultivo de la UAJ de la Sedena utilizó el mismo correo institucional -que fue utilizado para toda la operación relacionada al rancho “Las Mesas”– para enviar un documento titulado “Proyecto del Acta Administrativa de Entrega-Recepción, con adecuaciones” del predio “El Eterno”, para ser firmado tanto por el general Cervantes Loza como por Reyes Herrera.
“Asimismo, el Gobierno del Estado de Veracruz realizará los trámites correspondientes ante las autoridades judiciales y administrativas para adquirir la propiedad del porcentaje restante de treinta y tres por ciento (33.33%) a fin de donarlo al Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala el documento.
De esta forma, el 17 de enero de 2020 la Sedena y el Gobierno de Veracruz materializaron la entrega “material, jurídica y administrativa” de las dos terceras partes del inmueble en favor del Ejército, para ser utilizado para “el desarrollo de actividades castrenses”.
No obstante, consultada sobre la elaboración del “contrato de promesa de donación” y del “acta administrativa de entrega-recepción” de esta parte del predio, la experta Reyes Ortiz explica que la Sedena no tiene facultad para requerir a entidades o municipios ninguna retribución, propiedad o inmueble.
“Hemos observado que sí hay donación de predios o de inmuebles que después la Sedena ocupa para sus operaciones, pero no es legal que la Sedena sea quien lo requiera. Lo que tiene que haber es un convenio (de colaboración o de prestación de servicios) y por lo tanto la entidad tiene que tener los bienes legalmente disponibles, ya sea porque el Congreso ya aprobó la donación o porque están a libre disposición de la entidad”, señala.
Seis meses después de la supuesta entrega del predio, el propio jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Miguel Carrasco Hernández, envió a Reyes Herrera una carta para solicitarle “copias certificadas de los instrumentos legales con los cuales se acredite la situación jurídica y administrativa” de las dos terceras partes del predio, adquiridas por el gobierno de Veracruz mediante escrituras públicas de donación, y las “copias de las boletas prediales”.
En respuesta, el 9 de julio de 2020, la subdirección de Bienes Inmuebles de Veracruz, por instrucción de su subdirector Francisco Ataxca Leo, envió a la Unidad de Asuntos Jurídicos 2 escrituras públicas con los números 27057 y 28404, correspondientes al rancho “Las Mesas”, documentos que estaban firmados por José Antonio Valdés Quintanilla, de la notaría pública número 10 de Veracruz, Veracruz. Por instrucciones de Reyes Herrera también les hicieron llegar los demás documentos.
Sin embargo, en su respuesta Reyes Herrera también aprovechó la oportunidad para decir que, “a efecto de poder iniciar con los trámites de regularización de la enajenación ante el H. Congreso del Estado, es necesario que Gobierno del Estado de Veracruz se adjudique el porcentaje restante de la superficie”.
A partir de este mensaje, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena cambió de estrategia y comenzó a enviarle escritos directamente a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de Veracruz, para solicitarle “agilizar” la donación del 66.66% por parte del Congreso del Estado.
“Hago referencia a las gestiones que realiza esta Dependencia del Ejecutivo Federal, para obtener en donación el predio denominado “El Eterno” o rancho “Las Mesas” […] del cual esa Entidad Federativa es propietaria del 66.66%, y como es de su conocimiento, mediante Acta Administrativa de 17 de enero de 2020, se otorgó la posesión a favor de esta Secretaría, por otra parte, en el Contrato de Promesa de Donación de misma fecha, se estableció en la Cláusula Primera que el Gobierno del Estado de Veracruz, realizaría las gestiones ante el H. Congreso Local la autorización de donar la referida fracción a favor del Gobierno Federal con destino a este Instituto Armado.
“Al respecto, me permito hacer un muy atento recordatorio a efecto de que se inicien ante el referido Congreso las gestiones para obtener la autorización de donación respectiva, o en su caso se remitan las constancias sobre el particular”, señaló Carrasco Hernández en un mensaje que sería replicado en múltiples ocasiones en los meses siguientes.
Para especialistas en la materia, el actuar de la Sedena en este caso puede ser considerado una intromisión que, aunque es el grado más leve de una violación al principio de división de poderes, se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en cuestión propia de otros, ya sean federales o estatales, tal como lo señala la jurisprudencia P./J. 80/2004.
Pese a lo anterior, el 17 de mayo de 2021, Bonilla Muñoz, subjefe jurídico consultivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió finalmente a Arturo Sosa Vázquez, director general de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de Veracruz el “Proyecto de Contrato de Donación” del rancho “Las Mesas”.
A través de este documento se estableció que el Gobierno del Veracruz, a través de su Secretaría de Finanzas y Planeación, representada en ese entonces por José Luis Lima Franco, y la Sedena, representada por Cervantes Loza donaría a título “ad corpus” de forma totalmente gratuita el 66.66% del terreno a la Sedena.
Como se mencionó con anterioridad, cada entidad tiene sus procedimientos para llevar a cabo la donación de un predio, inmueble o terreno, pero en el caso de Veracruz, si el Gobierno quiere llevar a cabo la donación de un predio es el Congreso local el que debe autorizar primero esta donación.
Por ello, la participación de Lima Franco en esta parte resulta crucial, pues este solo podía llevar a cabo los procedimientos de donación en nombre del Gobierno de Veracruz una vez que contara con la autorización del Congreso, no antes.
“Cuando se trata de un bien inmueble de la entidad, quien se encarga de hacer todos estos trámites (luego de la aprobación del Congreso) es el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y se tienen que hacer publicaciones en ambos casos en las gacetas oficiales del Estado”, señala la experta Reyes Ortiz.
Pese a lo anterior, la donación oficial ocurrió hasta el 22 de junio de 2021, casi un año después de todos los procedimientos puestos en marcha por la Sedena, cuando el Congreso de Veracruz autorizó al titular del Poder Ejecutivo del estado “enajenar a título gratuito ad corpus el 66% de la superficie de 922 mil 319.30 metros cuadrados” del rancho en favor del Gobierno Federal, con destino a la Sedena.
El acuerdo, publicado el 22 de junio de 2021 en la Gaceta Oficial número extraordinario 246, fue firmado tanto por Adriana Paola Linares Capitanachi, diputada presidenta de la Cámara de Diputados de Veracruz, así como por Jorge Moreno Salinas, diputado secretario, pertenecientes a los partidos de Morena y PRI, respectivamente.
Durante todo el mes de julio de 2021, Sosa Vázquez envió diversos documentos a Gabriel Mendiola García, notario público número 37 de Xalapa, Veracruz, para que elaborara el “instrumento público que formalizará la enajenación” del rancho.
Finalmente, el 26 de agosto de 2021, Sosa Vázquez envió el “Proyecto de Escritura Pública” revisado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena al secretario Sandoval, documento con el que se formalizó la entrega de las dos terceras partes del rancho.
En 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de Javier Duarte y diversos funcionarios del Gobierno de Veracruz por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), luego de investigaciones como Las empresas fantasma de Duarte, reveladas por Animal Político.
En la causa penal 97/2016, que se abrió sobre el asunto, la PGR presentó pruebas para asegurar que “durante los años 2011 a 2016 (Duarte) dirigió una organización criminal” por la que, a través de diversas empresas fantasma y prestanombres, el exgobernador consiguió desviar millones de pesos del erario público.
Precisamente, a raíz de esta causa penal, la PGR acusó que la mayor parte los más de 253 millones de pesos que presuntamente lavó Javier Duarte salió de las áreas de Salud y Educación de Veracruz, fondos que fueron triangulados a través de empresas fantasma para adquirir el rancho “El Eterno”.
Durante una audiencia del caso celebrada en octubre de 2016, el fiscal federal Roberto Rojas Esquivel describió el esquema de presuntos desvíos e ingeniería financiera de Duarte y aseguró que, después de finiquitarse el pago del rancho, la propiedad quedó registrada con tres presuntos prestanombres de Duarte en partes iguales, según una nota publicada en el diario Reforma.
Se trataba de Moisés Mansur Cysneros, amigo del exmandatario; José Juan Janeiro, identificado como el principal operador financiero de Duarte, y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Los tres se quedaron como los dueños de la propiedad, cada uno con el 33.33% de la propiedad.
Meses después de esa audiencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el domingo 27 de octubre de 2016 personal de la PGR cateó el rancho “Las Mesas”. Los agentes arribaron después de las 15:00 horas a la propiedad con una orden de allanamiento emitida por un juez especializado en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación.
Luego de meses de procedimientos administrativos y judiciales, Miguel Ángel Yunes Linares, entonces gobernador del Estado de Veracruz, informó que el Gobierno del Estado recibió un tercio del rancho “Las Mesas” y que el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, sería el encargado de recibir las escrituras.
“Tenemos escriturado una tercera parte del rancho “Las Mesas”, en Valle de Bravo, que son 92 hectáreas con las instalaciones más lujosas y más modernas para caballos, picaderos, caballerizas, dos o tres viviendas. Y el día de hoy, precisamente en dos horas más, el fiscal general del Estado con personal de Patrimonio del Estado de Veracruz estará recibiendo en posesión el rancho, conscientes de que sólo una tercera parte es propiedad del gobierno del Estado de Veracruz, de los veracruzanos, y las otras dos terceras partes, la Procuraduría General de la República está haciendo todo para recuperar la propiedad y entregarla de inmediato a los veracruzanos. Este rancho tiene un valor multimillonario”, dijo en una conferencia de prensa en la que también informó sobre la “recuperación de varios inmuebles” en otros municipios de Veracruz y el país.
“Es decir, que se ha recuperado una cantidad muy pero muy importante de recursos, más de mil millones de pesos, y lo más importante es que estos recursos se empezarán a invertir, como ya lo anuncié, en los próximos días, en la reconstrucción de obras de instalaciones hospitalarias, de clínicas y hospitales, y muy particularmente en obras que están abandonadas desde hace mucho tiempo”, dijo.
Meses después, el sábado 15 de abril de 2017, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte fue detenido en Guatemala, debido a que era requerido por la justicia mexicana por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La detención fue celebrada por el gobernador Yunes Linares, que en conferencia de prensa aseguró que dicha detención “es un gran paso para hacer justicia a más de 8 millones de veracruzanos que hoy sufrimos las consecuencias de 12 años de brutal corrupción”.
Meses después, el mandatario estatal acudió directamente al rancho “El Eterno” desde donde aprovechó la oportunidad para grabar un video en el que mostró el lujoso lugar “en el que Javier Duarte quería pasar su retiro”.
“Realmente me indigné cuando vi las caballerizas […] que están construidas a todo lujo, como si se tratara, reitero, de un príncipe […] aquí se invirtieron, se gastaron cientos de millones de pesos en construir este refugio para Duarte que logramos descubrir y que logré que volviera al patrimonio de los veracruzanos”, dijo.
Sin embargo, el 11 de abril de 2018 el gobernador ofreció otra conferencia de prensa en la que informó que “ya es propietario el Gobierno del Estado de Veracruz de las dos terceras partes y posesionario de la otra tercera”, pero señaló por primera vez su intención de que “en lugar de destinarse a la cría de los caballos de Duarte, de sus cómplices y de su familia, se pueda establecer una instalación militar que sería de gran utilidad para el país”.
“En el caso del Rancho de Valle de Bravo, estamos en una negociación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para ver la posibilidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional se quede con este bien inmueble que sería de gran utilidad para las labores que lleva a cabo, compensando al Gobierno del Estado de Veracruz, la cantidad que corresponde”, aseguró el mandatario, luego de informar que la propiedad alcanzaba un valor superior a los 200 millones de pesos.
Pese a lo anterior, el Gobierno de Veracruz no recibió ninguna “compensación” por el rancho “El Eterno” para ningún hospital e incluso hay evidencia de que la Sedena comenzó a ocupar el predio durante los primeros meses de la administración del morenista, mucho antes siquiera de recibir la donación formal por parte del Congreso de Veracruz, con ayuda de autoridades del Estado de México y el Gobierno Federal.
AVC
