*La iniciativa tiene como finalidad establecer las normas relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos que componen el Poder Judicial
El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que tiene como finalidad establecer las normas relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos que lo componen.
Estos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito.
Además, aprobaron la reserva de la senadora Blanca Díaz de Morena, la cual indica que, para los requisitos de magistrados, se pedirá no haber desempeñado en seis años anteriores inmediatos a su designación ningún cargo en la dirección ejecutiva a nivel nacional, estatal, distrital o municipal de ningún partido.
Al presentar los tres dictámenes de las leyes secundarias
―Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, así como el proyecto para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas― el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, dijo que el objetivo de las propuestas es armonizar las leyes con el decreto de reforma a la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación.
Explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no es solo una norma técnica, sino el corazón administrativo que regula el funcionamiento de los órganos judiciales.
“De ahí hay que celebrar que se sienten las bases para garantizar una impartición de justicia más eficiente, transparente y cerca a las personas y contribuye a avanzar hacia un poder judicial moderno, cercano al pueblo y a responder sus necesidades y demandas”, destacó.
Refirió que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 100 de la Constitución, se crean dos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, los cuales combatirán la corrupción, la impunidad, el nepotismo y negligencia del Poder Judicial, a través de reglas claras.
Sobre la Ley de Carrera Judicial, Corral Jurado mencionó que se ajusta a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género contemplados en la Constitución; además de que respeta los derechos de las personas que actualmente trabajan en el Poder Judicial de la Federación.
Resaltó que se incorpora la perspectiva de género de forma transversal, progresiva e igualitaria en el desarrollo de la carrera judicial, con lo que se permitirá que las mujeres y los hombres ejerzan y gocen sus derechos humanos con enfoque de igualdad sustantiva.
Además de adicionar un Título Tercero del combate al nepotismo, en el cual se establecen medidas para impedir nombramientos de familiares por pare de los titulares, así como el deber de informar sobre vínculos familiares o afectivos.
Al dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se adicionó como criterio el de la “buena administración”, así como las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos Códigos de Conducta.
El legislador detalló que se otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, por faltas administrativas.
De igual manera, se otorga la facultad a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que puedan realizar lo propio con las personas servidoras públicas de los poderes judiciales locales.
El senador del PAN, Ricardo Anaya, adelantó su voto en contra, porque “esta reforma representa el fin de la división de poderes».
«Morena va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial y no es un hecho aislado, concatenado con la prisión preventiva oficiosa, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la desaparición de los órganos autónomos, implica un tránsito franco y directo a un régimen de corte autoritario”.
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