Morena y sus aliados aprobaron la reforma al Poder Judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde añadieron la figura de “jueces sin rostro” y mantuvieron la elección escalonada de juzgadores mediante voto popular.
El debate de los legisladores se extendió por diez horas, en las que Morena defendió a capa y espada la reforma en sus términos. Incluso los diputados del partido guinda rechazaron más de 250 propuestas de modificación hechas por la oposición.
El único cambio admitido por Morena fue una sugerencia hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia a crear la figura de “jueces sin rostro” que se refiere a no dar a conocer la identidad de juzgadores que revisen casos de delincuencia organizada para protegerlos de las bandas delictivas.
La figura de “jueces sin rostro” no es nueva, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia en 2005 contra Perú porque un juzgador de este tipo sentenció por terrorismo a una persona que fue detenida de forma arbitraria.
Aprobada en comisiones reforma judicial
Los diputados de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en lo general con 22 a favor, y 17 en contra de la oposición, la reforma al Poder Judicial que ha despertado polémica en los últimos meses.
El agregado de “jueces sin rostro” generó polémica en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero gran parte del debate se centró en la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. “Ese es el corazón de la reforma”, advirtieron en más de una ocasión los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN).
La bancada de la coalición Juntos Hacemos Historia aprobó el dictamen en medio de críticas y protestas de trabajadores del Poder Judicial, organizaciones sociales, académicos, especialistas en Derecho y legisladores de oposición.
A pesar de este panorama, la alianza Morena-PT-PVEM confió en que su proyecto servirá para mejorar los sistemas de justicia del país. “Esperemos que nos funcione de manera distinta”, expresó en el debate Juan Ramiro Robledo, morenista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Si bien la reforma judicial se aprobó en la Comisión, todavía tiene que ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, conformada por 500 legisladores, lo cual podría ocurrir el próximo domingo 1 de septiembre, como lo adelantó Ricardo Monreal, el futuro coordinador de la bancada de Morena en este recinto legislativo.
Los diputados iniciaron oficialmente la discusión de la reforma judicial, luego de meses en los que organizaron nueve foros de discusión para escuchar a expertos y la sociedad civil.
Aunque los foros de discusión sirvieron para hacer modificaciones a la iniciativa original presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cambios fueron rechazados por los legisladores.
Morena llegó a la Comisión de Puntos Constitucionales sin disposición a hacer más cambios, a excepción de la figura de “jueces sin rostro” que sí admitió a propuesta de la diputada morenista Lidia García Anaya.
“Se trata de órganos donde los jueces son anónimos, de los cuales no se conoce sus identidades con el principal objetivo de salvaguardar la integridad de los jueces y de sus familias”, explicó García Anaya.
La adición al artículo 20 constitucional quedó de esta forma: “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras”.
Apenas se presentó esta reserva para modificar el dictamen, la oposición cuestionó que Morena quiere crear jueces sin rostro, pese a la sentencia de 2005 de la CoIDH y porque, según expertos, esta figura contraviene el artículo 8.1 de la Convención Americana.
El diputado Héctor Saúl Téllez se refirió a una contradicción de la iniciativa: mientras Morena quiere que algunos juzgadores guarden el anonimato para revisar casos de crimen organizado, ellos también tendrán que exponerse al público en un primer momento para participar en las elecciones del Poder Judicial.
“Estamos poniendo que el juez sin rostro sea electo también de manera popular y es un total contrasentido porque no se resguarda el anonimato de la persona. ¿Cómo es posible que un juez sin rostro pueda salir a una elección?”, cuestionó Saúl Téllez.
Sin embargo, los legisladores morenistas no tomaron importancia a estos reclamos de la oposición. “Se dijo jueces sin rostro como una manera coloquial para que se entendiera el debate”, respondió a las críticas Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, quien explicó que estos juzgadores deberán de recibir protección.
“Pues si son 800 jueces (los que se van a elegir) cómo van a saber quién de los 800 están resolviendo el tema, si se dan las medidas que aquí se están acordando”, expresó Noroña.
La adición de los jueces sin rostro al dictamen fue aprobada en la votación en lo particular, con 22 votos a favor y 18 en contra.
Oposición critica elección de jueces, magistrados y ministros
Desde que el presidente López Obrador envió su iniciativa a la Cámara de Diputados, los legisladores de oposición han cuestionado que el gobierno busque que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular.
A esos reclamos se han sumado especialistas, organizaciones sociales y expertos, quienes alertan sobre el riesgo de que personas sin un buen perfil técnico, pero con carisma, puedan ganar las elecciones para convertirse en juzgadores. Las primeras votaciones de este tipo se llevarían a cabo de forma escalonada en 2025 y 2027.
“¿Qué van a aprobar? Un populismo judicial, es decir, los jueces ya no van a dictar las sentencias en apego a la ley, van a aprobar sus resoluciones para ser los más populares, para caerle bien al electorado”, expresó el diputado priista Marco Antonio Mendoza.
La elección de juzgadores mediante voto popular también generó polémica por el riesgo de que se pierda la independencia judicial, ya que los candidatos serán elegidos en su mayoría por el gobierno federal y por el Congreso dominado por Morena.
“Esto no es una reforma judicial, significa un regreso a los tiempos de concentración del poder”, expresó sobre este punto Margarita Zavala, diputada del PAN.
En sentido contrario opinaron los legisladores de Morena-PT-PVEM, quienes argumentaron que las candidaturas para las elecciones del Poder Judicial serán elegidas mediante comités técnicos que estarán compuestos por expertos en la materia.
“Creemos y tenemos el derecho y estamos convencidos que la manera de lograr la independencia del Poder Judicial es a través del voto”, defendió desde la tribuna Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados de Morena.
Permanencia de magistrados electorales hasta 2027 genera polémica
Un tercer tema que generó polémica en la discusión de la reforma judicial fue la permanencia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes permanecerán en su cargo hasta 2027.
La oposición cuestionó la permanencia de los magistrados debido a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán relevados en 2025 mediante voto popular, y a quienes actualmente ocupan ese cargo se les dio la opción de renunciar a sus puestos desde ahora a cambio de obtener una pensión vitalicia, la cual ya no existirá después de que entre en vigor la reforma.
“Lo de los magistrados electorales es francamente una oferta pública de compra de voto que debería estarse discutiendo. Lo que hicieron fue quitarles el impedimento para poder ser ministros y extenderles el periodo del Tribunal Electoral”, expresó la panista Margarita Zavala, quien interpretó esto como una negociación de Morena para que se desechen las impugnaciones que los magistrados resolverán en torno al número de diputados federales que Morena tendrá en la siguiente legislatura.
Estas acusaciones fueron rechazadas minutos después por Juan Ramiro Robledo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien argumentó que los magistrados permanecerán en su cargo hasta 2027 porque tendrán que resolver las impugnaciones que surjan de las elecciones del Poder Judicial del 2025.
Además de que los magistrados electorales tendrán que calificar la elección de ministros que se llevará a cabo en 2025, por lo que se decidió ampliar su periodo.
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