*La Jufed planea iniciar el paro de labores contra la reforma judicial del presidente López Obrador el miércoles 21 de agosto
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió hoy la convocatoria donde se pondrá a votación el paro de labores, en protesta por la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado, la Jufed detalló la votación se realizará el lunes 19 de agosto y, en caso de ser avalado, la suspensión iniciaría a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto.
“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la Jufed”, se lee.
La Jufed explicó que en caso de ser avalado dicho paro, se mantendría la atención de asuntos urgentes “conforme al calendario de guardias regulares establecido por el Consejo de la Judicatura Federal”.
Se explicó que la suspensión de actividades jurisdiccionales comprenderá a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación que ejerzan esa función.
El presidente López Obrador desestimó el miércoles el aviso de paro que hicieron los trabajadores del Poder Judicial por su polémica reforma para transformar el sistema de justicia y elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
“Están hablando jueces, magistrados y ministros (de la Corte) de que van a hacer una huelga el día 19 (de agosto). Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente, yo digo que sí, están en su derecho, somos libres”, declaró en su conferencia matutina.
El gobernante mexicano minimizó las consecuencias que tendría el paro adelantado por la Jufed, que se opone a la reforma constitucional que el oficialismo votaría en el Congreso en septiembre.
La agrupación de trabajadores advirtió de que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y, “sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.
LÓPEZ-DÓRIGA
