* Este sería el primer pronunciamiento de un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro a favor de la petición que ha hecho la oposición
Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela ante México, pidió que se cumpla la ley electoral en el país y que se confirme, con actas y auditorías inobjetables, la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
El funcionario, en un artículo que publicó en el diario venezolano El Universal, titulado La paz es la verdad y el respeto, manifestó:
«Las diferencias del presente en nuestro país requieren enmarcarse para su solución en términos de sentido común, de vida, de constitución, de leyes, no de destrucción. Aplicación urgente y plena de la ley electoral para que se confirme, con actas y auditorías inobjetables, el triunfo que asignó el CNE al presidente Maduro».
Este sería el primer pronunciamiento de un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro a favor de la petición que ha hecho la oposición que lideran el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, así como los reclamos de países democráticos del mundo.
Francisco Arias Cárdenas, exgobernador del Zulia y derrotado electoralmente por Juan Pablo Guanipa cuando intentaba su reelección en 2017, consideró importante la mediación de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).
«No pueden solucionarse desencuentros ni contradicciones con negación ni aniquilación del otro. La recurrencia a intervenciones externas no es marca de Venezuela, algunos pretenden justificarse de una manera desfasada e ilógica», expresó.
El gobernador dijo que, como gobierno, el madurismo debe «trabajar muy duro» para enrumbar el futuro. Además, mencionó que se tiene que reactivar la economía, corregir los errores y relanzar las ideas de un país libre, soberano y bueno para todos sus ciudadanos.
Agregó que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe avanzar en su democratización y en la eficacia de su estructura, haciéndola más horizontal y participativa. Es allí, señaló, de donde debe salir la primera evaluación «de lo que ocurrió» el 28 de julio.
«En el gobierno estamos obligados a revisarnos y cambiar profundamente, en el discurso y en la práctica hacia el compromiso que tenemos con nuestra gente que padece dentro del país y la que emigra. El deber de esforzarnos para que el pueblo nuestro sienta y compruebe en su vida diaria cambios necesarios para mejores condiciones; el deber de alcanzar logros en todas las áreas: en lo espiritual, en lo material, en lo personal y en lo familiar», señaló.
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