Continental Automotriz obtuvo 31 contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por más de 473 millones 924 mil pesos
Continental Automotriz, cuyo apoderado legal es Héctor Mena Abascal, encontró como nuevos clientes a los gobiernos estatales, luego de que la administración de Andrés Manuel López Obrador le cerró la llave de contratos de servicios integrales de transporte vehicular (automóviles y motocicletas) para el traslado de personal.
Desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta el último día de 2022, la compañía fundada en 1986 en Toluca, ha ganado más de 13 contratos con los gobiernos panistas de Guanajuato y Chihuahua, el morenista de Chiapas y los priistas del Estado de México e Hidalgo, revela la documentación en poder de Forbes México.
Por todos los contratos, la empresa mexiquense, que tiene desde 2013 como apoderados legales a Sergio Rene Mena Palacios y Héctor Mena Abascal, facturó más de 38 millones 312 mil pesos.
Continental Automotriz obtuvo 31 contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por más de 473 millones 924 mil pesos. Y uno más de 772 mil pesos durante la administración deAndrés Manuel López Obrador, quien ya no le dio ni una otra licitación de servicios integrales de transporte vehicular para el traslado de personal.
Entre sus clientes estaban la Oficina de la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Fundada en 1986 como Continental Automotriz SA, en noviembre de 2008 cambió su denominación a Continental Automotriz S.A. de C.V. y fue dada de alta en el registro público de comercio de Toluca, Estado de México.
La compañía mexiquense tiene como accionistas a José Lauro Camacho Rivera, Herlinda Cañete Meza, Bertha Haras de Valdez Mercado y Alejandro Hernandez Mercado y al Fondo MYP, SA.
En abril de 2005, los accionistas Mario A. Mena Palacios, Alberto Mena Palacios, Sergio R. Mena Palacios, Gabriel Mena Palacios, José López Mendoza Nava y Carlos Segura Sánchez por razones personales no continuaron ocupando los puestos asignados en el consejo de administración de Continental Automotriz.
La empresa dedicada a la venta de servicios integrales de transporte vehicular nombró a Sergio René Mena Palacios y Héctor Mena Abascal en 2010 como apoderados general y apoderado de la sociedad. Y tres años después fueron ratificados en esos cargos.
La relación empresarial con la familia Mena
Llama la atención que Continental Automotriz tenga vinculación con CA Soluciones Financieras (Casofin), una empresa encargada de la venta y renta de automóviles.
Consafin es una empresa propiedad de la familia Mena, que tiene parentesco con Héctor Mena Abascal, apoderado legal de Continental Automotriz.
La compañía Casofin es propiedad de Sergio Mena Abascal, Mario Mena Palacios, Sergio Mena Palacios, Mario Mena García y la empresa Plantec SA de CV, de acuerdo con documentos.
La firma de la familia Mena, que fue constituida el 3 de febrero de 1984, ofrece financiamientos a través de arrendamiento puro, arrendamiento financiero, arrendamiento y administración de flotillas, así como crédito empresarial.
Entre 2015 y 2018, Consafin obtuvo contratos de servicios integrales de transporte vehicular con la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Talleres Gráficos por 145 millones 496 mil pesos.
La familia Mena se hizo de un contrato —a través de Conafin— con el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gomez, para el arrendamiento de patrullas para que la policía cuidará a los ciudadanos del crimen.
El acuerdo comercial identificado con el número DGA/RM/048/2019 abarcó la renta de 400 patrullas, por 460 millones de pesos y estuvo vigente hasta diciembre de 2021.
Sin embargo, las unidades, según denunciaron los propios elementos de la policía de Toluca, quedaron abandonadas porque la empresa no les dio el mantenimiento acordado.
El tema llegó a Palacio Nacional y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a investigar el abandono de las unidades usadas para el combate del crimen en la capital mexiquense.
En una de sus conferencias matutinas, el mandatario instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), —entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval y ahora comandada por Roberto Salcedo Aquino—, a tomar cartas en el asunto y a las autoridades del Estado de México, de Alfredo del Mazo, a investigar y actuar.
Con información de Forbes México
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