El 12 de marzo, el presidente López Obrador anunció que Mexicana de Aviación tenía planes de adquirir 20 aviones adicionales antes de que finalizara su actual administración. «Vamos a comprar 20 aviones antes de que terminemos, 20 aviones. Esto es para que nuestros adversarios se queden sorprendidos», expresó el presidente.
Según los detalles proporcionados por Bloomberg, el conflicto surge de presuntos incumplimientos contractuales por parte de Mexicana de Aviación. SAT Aero Holdings afirma que la aerolínea estatal no cumplió con el pago de más de 5.5 millones de dólares en depósitos para el arrendamiento inicial de dos aviones, incumpliendo así el acuerdo pactado.
La empresa contratada por la Secretaría de la Defensa Nacional para prestar servicios que incluían la adquisición de aeronaves y seguros, así como la contratación y formación de pilotos y tripulación, señaló que Mexicana de Aviación rompió su compromiso inicial al no realizar los pagos necesarios para el arrendamiento de las aeronaves acordadas.
A pesar de los esfuerzos por parte de SAT Aero Holdings para resolver estos problemas, Mexicana de Aviación supuestamente se negó a firmar los documentos pertinentes con las instituciones financieras y arrendadoras, lo que llevó a la actual disputa legal.
M°1
Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea estatal de México, se encuentra en el centro de una controversia legal tras ser demandada por la empresa encargada de gestionar el arrendamiento de aviones y contratar las tripulaciones.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, SAT Aero Holdings, previamente conocida como Petrus Aero Holdings, presentó una demanda este miércoles 27 de marzo en un tribunal federal de Nueva York, reclamando daños y perjuicios por un monto total de 838.5 millones de dólares, más otros 2.4 millones en costos adicionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre el lanzamiento de Mexicana de Aviación, tras adquirir el nombre de la empresa que cesó operaciones en 2010.
Esta nueva iniciativa gubernamental se ha promocionado como una aerolínea de bajo costo destinada a competir con jugadores establecidos como Volaris y Viva Aerobús, registrando 160 vuelos en enero, según estadísticas gubernamentales. Sin embargo, la demanda presentada por SAT Aero Holdings arroja sombra sobre la estabilidad financiera y operativa de Mexicana de Aviación.
Antes de su inauguración el 26 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Mexicana de Aviación empezaría a operar con una flota inicial de 10 aviones. Sin embargo, hasta el momento, solo se ha logrado arrendar cinco a través de TAR, con los cuales la aerolínea continúa operando.
Después de esta fase inicial, se suponía que SAT Aero Holdings se encargaría de adquirir el resto de las aeronaves para expandir la flota de Mexicana de Aviación. La firma se comprometió a buscar y adquirir estas aeronaves, mientras que Mexicana de Aviación asumiría los costos asociados.
El 12 de marzo, el presidente López Obrador anunció que Mexicana de Aviación tenía planes de adquirir 20 aviones adicionales antes de que finalizara su actual administración. «Vamos a comprar 20 aviones antes de que terminemos, 20 aviones. Esto es para que nuestros adversarios se queden sorprendidos», expresó el presidente.
Según los detalles proporcionados por Bloomberg, el conflicto surge de presuntos incumplimientos contractuales por parte de Mexicana de Aviación. SAT Aero Holdings afirma que la aerolínea estatal no cumplió con el pago de más de 5.5 millones de dólares en depósitos para el arrendamiento inicial de dos aviones, incumpliendo así el acuerdo pactado.
La empresa contratada por la Secretaría de la Defensa Nacional para prestar servicios que incluían la adquisición de aeronaves y seguros, así como la contratación y formación de pilotos y tripulación, señaló que Mexicana de Aviación rompió su compromiso inicial al no realizar los pagos necesarios para el arrendamiento de las aeronaves acordadas.
A pesar de los esfuerzos por parte de SAT Aero Holdings para resolver estos problemas, Mexicana de Aviación supuestamente se negó a firmar los documentos pertinentes con las instituciones financieras y arrendadoras, lo que llevó a la actual disputa legal.
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