El director general del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, exhibió redes de corrupción halladas dentro de la dependencia con las que se triangularon recursos y se vendieron las mismas viviendas a miles de derechohabientes, a lo que se suman acusaciones contra los órganos internos que representan a los trabajadores y al sector empresarial por no permitir que se auditaran sus operaciones.
Frente a esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, en la Mañanera del Pueblo, que se procederá por la vía penal en contra de los responsables.
Uno de los casos expuestos fue la empresa Terla Realty, a la que se le dio un contrato por cien millones de pesos a cambio de un trabajo a realizarse en dos años, tarea que no entregó y que además no se le penalizó por ello, además de que el Consejo de Administración cedió una indemnización por cinco mil millones de pesos.
Octavio Romero explicó que dos de los cinco socios de la empresa devolvió dos mil millones, pero otros tres se negaron a devolver los restantes.
Como parte de esto, se exhibió un comprobante emitido por otra empresa para justificar la indemnización mediante un documento firmado por la misma empresa, lo cual constituye una irregularidad.
También apuntó la identificación de una triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario de la misma dependencia que era asesor de Dirección General.
También expuso a la empresa Línea III que se creó para financiar a constructores de vivienda para derechohabientes y que arrastra desarrollos habitacionales inconclusos que fueron autorizados por el sector de trabajadores entre 2016 y 2018 y que recibieron recursos para la compra de terreno, licencias y permisos.
Además, denunció que se ha identificado una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar créditos múltiples, a fin de estafar a derechohabientes.
Las entidades más afectadas por las operaciones fueron el Estado de México, donde 496 viviendas fueron vendidas cuatro mil 130 veces; en Jalisco, 239, fueron vendidas dos mil 37 ocasiones; Baja California, 205, se entregaron mil 696 veces.
La numeralia por notarios, se identificó que un notario del Estado de México ratificó mil 592 operaciones para 240 cadas entre 2014 y 2022; otro, en la misma entidad, vendió 158 hogares en 937 ocasiones.
Ahora, dijo, el objetivo es recuperar lo que se pueda de terrenos y dinero, pues miles de trabajadores fueron despojados de su vivienda sin enfrentar juicios justos, lo cual pasó sin que el Consejo de Administración tomara cartas en el asunto.
Aunado a esto, Romero Oropeza exhibió que entre 2013 y 2014 funcionarios se contrataran ilegalmente un seguro de vida colectivo por mas de 500 millones de pesos.
El director general mencionó que el diseño de financiamiento aún vigente derivó en que de los 6.2 millones de créditos, cuatro sean impagables.
También apuntó que en la última década no se ha construido vivienda para las y los trabajadores, que tiene como consecuencia que haya 7.3 millones de derechohabientes con acceso a crédito pero sin alternativas ni espacios para ocuparlos.
Frente a este contexto, explicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó la reforma al Infonavit para que trabajadores que perciben menos de dos salarios mínimos tengan acceso a viviendas adecuadas y de manera social.
Para ello, recordó que con la reforma enviada propone que el Instituto cuente con una constructora propia que se encargará de los proyectos para dotar de opciones de vivienda a los 7.3 millones de personas que pueden acceder a un crédito.
Entre los beneficios de la constructora, apuntó una reducción los tiempos y costos de producción de vivienda mediante la compra consolidada de los materiales de construcción; se priorizará la mano de obra en estados y serán ubicadas dentro de los centros urbanos con acceso a todos los servicios.
En cuanto a su composición en el órgano de Gobierno solo plantea homologar el del Infonavit al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde el director general también será parte del Consejo de Administración y de la Asamblea General.
Por ello, sostuvo que se respeta el principio tripartita, donde tanto el gobierno y los sectores obrero y privado están representados por igual.
Hizo hincapié en que se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios que no tienen funciones sustantivas, pero que a pesar de ello ganan más que la Presidenta de la República.
En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo de la reforma de la Ley del Infonavit es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y garantizar la construcción de vivienda social.
“El fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos; control, en el sentido de control público de transparencia. Más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuya recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita que los trabajadores tengan vivienda que al final ese es el objetivo central del Infonavit”, aseveró Sheinbaum, en Palacio Nacional.
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