Xalapa, Veracruz.- Cercana a Cuitláhuac García y actual presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, Yazmín Zepeda Benavides es una de las aspirantes que busca ocupar uno de las cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral para el período 2023-2032. Yazmín Zepeda, quien es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), también es una mujer cercana a la secretaria del Trabajo y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Dorheny Cayetano García.
Dentro de su trayectoria como funcionaria, Zepeda Benavides tiene experiencia en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ). Ahora, se encuentra en el proceso para convertirse en una de las próximas consejeras del INE.
La actual presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz se encuentra dentro del proceso para la renovación de consejeros desde el pasado 7 de marzo, cuando realizó la evaluación organizada por el órgano electoral.
De acuerdo con la publicación de resultados emitida por el Comité Técnico de Evaluación, Yazmín Zepeda Benavidades obtuvo 65 puntos. Los resultados la colocan entre las primeras 30 de 204 aspirantes de todo el país, por lo que ya tiene un lugar en la segunda etapa de evaluación.
Bertha María Alcalde, hermana de Luisa María alcalde, hermana de la Secretaria del Trabajo a nivel federal, fue la aspirante mejor calificada en la primera etapa de evaluación para la renovación de consejeros del INE. Es hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo General del INE.
De los 508 aspirantes evaluados, el 50 por ciento pasó a la segunda etapa de evaluación. Hasta ahora, los candidatos con mayores posibilidades de convertirse en consejeros del INE tienen una estrecha relación con MORENA.
La renovación de las consejerías llega en medio de la polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y actuales autoridades electorales, como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. La polémica se da tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral, que tiene varias acciones de inconstitucionalidad en contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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