La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá entregar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 28 ingenieros militares que fungieron como residentes de obra, es decir, como responsables, en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México.
El Pleno de la Corte determinó que los elementos del Ejército Mexcano, en su carácter de servidores públicos, están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, por lo que se les debe aplicar la misma regla que a otros empleados gubernamentales para elaborar y divulgar versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales.Al resolver un recurso de revisión en materia de seguridad nacional presentado por Consejería Jurídica de la Presidencia para no entregar la información que solicitó un particular, el Pleno de la Corte concluyó que el Ejecutivo Federal no logró demostrar que la difusión de versiones públicas de las citadas declaraciones patrimoniales “representen un riesgo real, demostrable e identificable” que atente o perjudique contra la seguridad nacional.De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal intentó frenar una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordenaba a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares responsables de la construcción del AIFA, por lo que presentó un recurso de revisión alegando que se podría afectar la seguridad nacional.Sin embargo, una mayoría de ministros y ministros determinó que el recurso era infundado con cuatro argumentos principales:El primero es que los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tienen calidad de servidores públicos y también están sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaPor lo tanto, los ingenieros militares también están obligados a la presentación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas, en los términos dispuestos por la misma norma que aplica a otros empleados del gobierno federal.En segundo término, la Suprema Corte consideró que la Consejería Jurídica de la Presidencia “no aportó pruebas directas o indirectas para demostrar que entregar dichos documentos representa un riesgo real, demostrable e identificable que atente o cause un perjuicio a la seguridad nacional.El tercer argumento, es que contrariamente a lo señalado por la Consejería en el sentido de que las declaraciones patrimoniales tienen elementos de seguridad nacional, la Suprema Corte resolvió que la información solicitada solamente permitiría conocer la evolución patrimonial de 23 ingenieros militares, por lo que no se pone en peligro “la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional” de la Sedena con otras instituciones para elaborar obras públicas.
Por último, el Pleno del Máximo Tribunal también declaró infundado el argumento de que la afectación se podría dar en el futuro, cuando alguno o los 23 ingenieros militares puedan ejercer el mando de una unidad operativa en las fuerzas armadas, por considerar que se trata de “supuestos hipotéticos, futuros e inciertos, sin demostrar que la entrega de las declaraciones patrimoniales y de intereses obstaculizaría su actuación”.En consecuencia, la SCJN confirmó la resolución del INAI para la entrega de dichas declaraciones emitida el 6 de julio del 2022 en un recurso de revisión.
Aristegui Noticias
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