19 octubre, 2021

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Nueva Era

Colegio de Directores de la UNAM califica de improcedentes las acusaciones al Conacyt

Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM criticaron la condena a priori de los científicos de Conacyt sin que exista la garantía de un debido proceso

El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM criticó la investigación de 31 científicos e investigadores del Conacyt por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los directores consideraron que los señalamientos por operaciones con recursos de procedencia ilícitadelincuencia organizada y peculado son ‘improcedentes’.

Arremetieron también contra la condena a priori de los científicos e investigadores por parte de instancias del sector público, sin escucharlos y sin que exista la garantía de un debido proceso que debería implicar la presunción de inocencia y la correcta impartición de justicia.

Los firmantes de la carta advirtieron que se está creando un linchamiento hacia los implicados “que peligrosamente algunas voces pretenden extender hacia la comunidad académica del país”, lo que abona a la desconfianza en las instituciones educativas.

Los directores respaldaron así el posicionamiento del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien consideró un ‘despropósito’ y condenó como ‘inconcebible‘ las acusaciones por asociación delictuosa.

Confiamos en la correcta aplicación de las leyes, la impartición de justicia y el respeto a los derechos fundamentales de las y los académicos señalados, convencidos de que solo mediante la adecuada y respetuosa interacción entre la academia y el gobierno se puede aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”, concluyeron.

Caso Conacyt

El caso se remonta a 2019 cuando Conacyt decidió cancelar el financiamiento que se otorgaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.

La dirección de Conacyt argumentó que el Foro realizaba funciones que ya estaban a cargo del Consejo y que no tenían por qué adjudicarse a terceros, además de que presumió irregularidades en la asignación de recursos.

En respuesta, Foro Consultivo Científico y Tecnológico promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue desechado.

Sin embargo, los ministros de la Corte determinaron que el financiamiento al Foro se realizó al amparo del marco legal que existía en aquel momento.

Conacyt acusó entonces que entre 2013 y 2018 se implementó un esquema a través del Foro para recibir alrededor de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”.

Señaló que el dinero también fue “para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presupuesto excedió lo necesario para el cumplimiento de las funciones del Foro.

La asociación civil se defendió entonces señalando que “en el último año y medio se invirtió 0.36 por ciento en telefonía celular; 0.67 por ciento en bocadillos; 7 por ciento en servicios generales; 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos”.

No obstante, Conacyt denunció a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que a su vez, se asignaban al Foro.

Esas autorizaciones existieron, pero se realizaron al amparo de la ley. No hay ningún origen ilícito de los recursos. El dinero se aprobó siguiendo los procedimientos adecuados. No es dinero que pasó por nuestras manos ni hay recursos escondidos en cuentas secretas personales o propiedades, ni riquezas inexplicables. Eso se puede verificar si lo indagan”, dijo uno de los académicos denunciados a Animal Político.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso y en agosto pasado oficiales de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) comenzaron a visitar a los investigadores denunciados para verificar su domicilio y notificarles de la existencia de una investigación penal en su contra.

Con información de López-Dóriga Digital

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