Seguirán proceso en libertad exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción

  • El exfiscal Jaime “N” y exsecretario técnico, Joao Jair, tendrán audiencia de vinculación o no a proceso, el próximo 12.

Xalapa, Veracruz.- Los exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción en tiempos de Marcos Even Torres, Jaime “N”, hijo del exsecretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié, y Joao Jair, quienes fungieron como fiscal y secretario técnico, respectivamente, fueron puestos en libertad la madrugada de este viernes, al considerarse delito no grave, los señalamientos en su contra por “ejercicio indebido del servicio público”.

Los exfuncionarios deberán comparecer el próximo 12 de los corrientes, ante un Juzgado de Control del penal de Pacho Viejo, a fin de que se les dictaminará la vinculación o no al debido proceso por el presunto delito de “ejercicio indebido del servicio público”, en tanto que gozan de libertad condicionada.

La detención de los funcionarios yunistas se realizó la noche de este jueves, al liberarse las debidas órdenes de aprehensión giradas por la jueza Ludivina García Rosas, al considerar válidos los señalamientos en contra de los exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía General del Estado los acusa de que sus nombramientos se dieron bajo condiciones irregulares y contra viniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Fiscalía, en este caso, Jaime “N” fue nombrado Fiscal Especial incumpliendo los requisitos de cédula profesional expedida 5 años antes de su nombramiento, así como en lo referente a la edad mínima establecida para el cargo, de 25 años cumplidos.

Las mismas causas se imputaron a Joao Jair, quien fue designado por Marcos Even Torres, exfiscal Anticorrupción, considerado prófugo de la justicia, como secretario técnico.

Después de tres horas de audiencia en el Juzgado de Control en Pacho Viejo, la titular determinó dejarlos en libertad y sujetos a limitaciones, debiéndose presentar a firmar ante el Juzgado en tanto se celebra la audiencia de vinculación o no a proceso.

Fuentes cercanas al caso, consideraron que este señalamiento fincado por la Fiscalía General del Estado, es apenas la punta del iceberg de actos que pueden derivar en responsabilidades penales y administrativas mayores y en perjuicio de la procuración de justicia en Veracruz.

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