Reprueba CNDH al sistema penitenciario de Veracruz

Junto con Guerrero y Tamaulipas su evaluación fue menor al 6; Puebla, con dos de las peores cárceles.

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó con menos de 6, al Sistema Estatal Penitenciario de Veracruz, que junto con Guerrero y Tamaulipas presentan las peores cárceles en México. Sólo los estados de Querétaro, Tlaxcala, Coahuila y Guanajuato obtuvieron calificación mayor a 8.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), en el rubro de condiciones de gobernabilidad, se detectó que en la mayoría de los penales estatales predominó la sobrepoblación, la falta de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; presencia de actividades ilícitas y de cobros (extorsión y sobornos), así como autogobierno y cogobierno.

En el documento presentado este jueves por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se resalta la necesidad de que las autoridades responsables revisen y atiendan los problemas del sistema penitenciario para lograr la efectiva reinserción de las personas privadas de la libertad.

En el apartado dedicado al Sistema Estatal Penitenciario de Veracruz, le asigna una calificación promedio de 5.94, tras evaluar a los Centros de Reinserción Social de Amatlán, Coatzacoalcos, Pacho Viejo, Acayucan, Papantla, Poza Rica y Tuxpan.

En este diagnóstico, el mejor evaluado en el estado fue el Centro de Reinserción Social de media seguridad de La Toma, ubicado en Amatlán, que logró una calificación de 6.42, seguido por Papantla con 6.23; Pacho Viejo con 6.09.

Por debajo de estas calificaciones se ubicaron los penales de Acayucan (5.95), Tuxpan (5.87), Coatzacoalcos (5.84), y el peor calificado fue Poza Rica con 5.15.

A pesar de que el penal de La Toma fue el mejor calificado, la CNDH detectó sobrepoblación e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como falta de prevención y atención de violaciones de derechos humanos, así como deficientes condiciones de higiene y materiales en espacios de reclusión y área médica, afectando a los mil 17 internos, penal cuya capacidad máxima es de 997 personas.

De acuerdo con el DNSP 2019, esta evaluación abarcó CERESOS, CEFERESOS y Prisiones Militares que tienen en reclusión a 186 mil 149 personas. En estos centros, las deficiencias con mayor incidencia detectadas: autogobierno/cogobierno (33.33%), falta de prevención y atención de incidentes violentos (48%), cobros indebidos (40%), sobrepoblación (33.33%), insuficiencia de personal (72.68%).

Insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.84%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91%), presencia de actividades ilícitas (40.44%), deficiencia en los servicios de salud (32.79%).