Impulsarán el programa Integral de Capacitación para servidores

Xalapa, Ver.- El gobierno federal inició el año con la convocatoria del Programa Integral de Capacitación del personal de la Secretaría de Bienestar, personal directivo, administrativo, Servidores de la Nación, técnicos de los programas.

En el marco de una reunión virtual celebrada con los delegados estatales sobre los programas prioritarios regionales donde acudió como representante de la región Sureste, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Hay un programa de blindaje electoral, el cual iniciamos hace unos días desde la propia Secretaría de Bienestar, Javier May, al frente de este operativo de blindaje pero también en coordinación con autoridades electorales del INE, y sobre todo con las autoridades de procuración de justica”, dijo.

Agregó, “y en particular la propia fiscalía en delitos electorales, no hay que olvidar que nosotros mismos propusimos que estos delitos fueran catalogados como graves por lo tanto que no alcancen fianza”.

En consecuencia por ley tenemos que garantizar que el voto de los ciudadanos, sea, libre, y por lo tanto, “que no ocurra lo que antes ocurría, se ocupaban, los gobiernos con fachadas electorales, los partidos en el gobierno y hacían de las suyas, hoy no, a través de la universalización de los programas”.

De acuerdo a las reglas de operación sin preferencia para nadie son programas universales, además, sin intermediarios entre la dependencia federal y los beneficiarios a ejercer sus derechos constitucionales con el pago directo.

Además de inclusión financiera en aquellos lugares donde los adultos mayores pueden acceder a tarjeta bancaria.

Como parte del Blindaje Electoral 2021 para los programas sociales, anticipan una política de cero tolerancia al uso indebido de los programas sociales en todo el país.

El compromiso de la dependencia es respetar el principio de imparcialidad para que el voto de las y los mexicanos sea absolutamente libre y sin condicionamiento alguno.

El compromiso del gobierno federal está en el sancionar el uso electoral de los programas sociales y, en caso de que se incurra dar vista a las autoridades electorales y penales hasta llegar a las últimas consecuencias.