FGR concluyó peritaje sobre las videocámaras adquiridas por Yunes Linares

** Ratifica denuncia por el fraude cometido, no obstante, anunció que en el 2020 estarán funcionando los 6 mil 500 equipos.

Veracruz, Ver.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, ratificó ante la Fiscalía General de la República (FGR), su declaración dentro del expediente relativo a las 6 mil 500 cámaras de video vigilancia adquiridas durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

“La Fiscalía General de la República ya terminó el peritaje sobre los 6 mil 500 equipos instalados en el estado por la pasada administración estatal, de las cuales sólo mil 200 están operando, el resto simplemente están de adorno porque carecen de conectividad”, indicó.

Sostuvo que en el transcurso del 2020, la totalidad de las cámaras estarán funcionando, para ello, se reubicarán algunos postes para armonizarlos con los cuadrantes y se les dará conectividad adecuada para que coadyuven a la vigilancia y combate de los delitos en las principales ciudades de la entidad.

El funcionario estatal acudió este miércoles, a la ciudad de Veracruz, con la representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la toma de protesta de 22 nuevos elementos de la Policía Municipal, recién egresados del Centro Estatal de Investigación en Seguridad de Veracruz, afirmando que con las autoridades encabezadas por Fernando Yunes Márquez habrá estrecha coordinación, al ser primordial para garantizar la seguridad pública.

“Por ello, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Veracruz reafirmamos nuestro compromiso y voluntad de trabajar por el bien de la ciudadanía porteña”, expresó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien semanas previas sostuvo diálogo ríspido a través de los medios de comunicación, con el Gobierno municipal por el tema de las agresiones sexuales a mujeres y la inseguridad.

Sobre el peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que por ser promotor de la denuncia penal contra las exautoridades estatales y de Seguridad Pública, responsables de la compra de las videocámaras, no tiene acceso a los resultados obtenidos, sin embargo, ratificó su declaración en el sentido de la presunción de un fraude millonario cometido en este rubro.