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El pleno del Congreso y no la Comisión, es quien decidirá si aprueba juicio contra el fiscal

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*Necesaria mayoría calificada, el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados que acudan a la sesión del pleno, para aprobar o anular el juicio político.

Nicolás Cruz Hernández

El abogado, Jorge Reyes Peralta, defensor del ex director de los servicios periciales Gilberto “N”, en la denuncia de juicio político contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz, afirmó que aunque la Comisión instructora del Congreso determine en el dictamen que realice, concluye que de acuerdo a sus criterios, legalmente no está comprobada la responsabilidad del fiscal, dentro de los procesos de juicio político que se le sigue, se vota en el pleno, que puede modificarlo y ponerlo a favor, de que sea separado del cargo.

Luego de concluidas las audiencias de deshago de pruebas y alegatos del pasado viernes, de las dos denuncias presentadas en contra de Jorge Winckler, una de Gilberto “N”, quién lo acusa de tortura y la de Francisco Zarate Aviña, por desaparición forzada. Jorge Reyes Peralta, defensor del exdirector de los servicios periciales Gilberto “N”, manifestó que una vez que esté listo el dictamen para votarse en el pleno, erigido en jurado de acusación, los diputados pueden modificarlo.

Reconoció que debe votarse por mayoría calificada, sin embargo Morena, aunque es mayoría en el Congreso local con 26 diputados, no alcanza dicha mayoría calificada, pues necesita las dos terceras partes de los votos de los 50 diputados, (es decir 34 votos de los diputados que acudan a la sesión). de ahí que requiere del apoyo de los otros partidos para aprobar o anular el juicio político en contra del fiscal General del Estado.

“El Pleno tiene la palabra, no la Comisión, ésta puede proponer, pero el que resuelve si va o no va es el pleno”, aseveró Reyes Peralta. Detalló que este martes la Comisión Permanente Instructora debe de emitir el dictamen por el proceso de su cliente, el cual puede ser en dos sentidos, es decir a favor del juicio político o en contra.

“Son dos escenarios, que diga que no está acreditada la responsabilidad del servidor público y no puede seguir adelante el juicio; la otra que está probada la responsabilidad del servidor público y que proponen como sanción que se separe del cargo”, indicó.

Señaló que Winckler Ortiz se amparó en contra de una reforma a la Constitución, sin embargo no en contra de los juicios políticos.

En otro tema reclamó que la Fiscalía no le dio una carpeta de investigación por el proceso que se sigue a su cliente por el delito de desaparición forzada, en la cual supuestamente contiene una declaración firmada por Gilberto “N” para involucrar al ex fiscal, Luis Ángel “N” también en el delito de desaparición forzada, momento en que habría sido víctima de tortura.

“Dice que sí es la firma de Gilberto porque el fiscal, su verdugo, así como un abogado que le pusieron, que ni cédula profesional tiene, vieron que firmó; así puedo enumerar un sinnúmero de cosas irregulares”.

Reyes Peralta añadió que le fueron desestimadas algunas pruebas como una USB que no fue autenticada ante un juez de control, porque no dio tiempo de hacerlo, así como un oficio para certificar copias de otras carpetas de investigación que no fueron entregadas por el Fiscal. Además, evidenció que la Fiscalía con sus peritos realizó una investigación para descartar actos de tortura contra Gilberto “N”, cuando la investigación debía de realizarse con especialistas independientes según el Protocolo de Estambul.

“El protocolo dice que cuando se alega tortura y a la autoridad la acusan ésta no puede poner a sus peritos, deben de ser independientes. Puso como ejemplo el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. “En el caso Ayotzinapa la Suprema Corte determinó que la PGR fabricó pruebas y lo imputaban los justiciables; por eso se descalificó a los peritos de la PGR”, argumentó.