Denuncian a exalcalde yucateco por desvío de recursos

El Ministerio Público de la Federación formuló cargos por el delito de peculado al exalcalde de Valladolid, Roger David Alcocer García, y a su tesorero, Óscar Arturo Esquivel Palomo, por un desvío de más de 25 millones de pesos de recursos federales.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que este martes se efectuó la audiencia de formulación de imputación ante el Juez Primero de Control del Poder Judicial Federal, Carlos Cano Reed, ante quien los fiscales presentaron la acusación formal contra los dos ex funcionarios municipales.

Aunque se solicitó la prisión preventiva, el juez lo consideró innecesario y les fijó otras medidas cautelares.

En la audiencia se expuso que durante la administración de Alcocer García, en el ejercicio fiscal 2012-2015, estaban obligados a ejercer un recurso del ramo 23 en el año 2014, destinados únicamente a obras específicas, como parte del Fondo de Infraestructura Deportiva y Cultural.

Para ello se hicieron trasferencias que alcanzaron la suma de 25 millones de pesos, pero de las obras prácticamente solo se puso la primera piedra y se hicieron los trabajos iniciales.

Por denuncia de la exalcaldesa Alpha Alejandra Tavera Escalante, la Auditoría Superior de la Federación intervino y determinó que los recursos canalizados al municipio de Valladolid no fueron aplicados para los fines destinados.

Los recursos estaban destinados a la construcción de la Plaza de la Jarana en la ex estación de trenes, el Museo Regional, una biblioteca y una unidad deportiva en la colonia San Francisco de esa ciudad.

Pero estas obras nunca se hicieron, apenas se realizaron algunas excavaciones, aplanamiento de terreno y pisos de concreto, además de instalación de tubería.

En sesiones de cabildo los regidores preguntaban a Alcocer García sobre el destino de las obras, pero éste respondía que se le dejarían los recursos a la siguiente administración, que fue la que denunció el desvío de recursos porque nunca los entregó.

En una audiencia anterior, el exedil pretendió llegar a un acuerdo ofreciendo la conclusión de las obras, pero no se accedió a ello.

La denuncia prosiguió y se le formularon cargos por el delito de peculado, que según la Fiscalía adscrita es sancionado con una pena de dos a 14 años de prisión y multa de 300 a 500 días de salario.

En la última audiencia, ambos exfuncionario guardaron silencio, se reservaron el derecho a declarar y pidieron que se resuelva su situación jurídica en el plazo constitucional de 144 horas.

Se programó la siguiente audiencia para el próximo lunes 4 de noviembre.

Con información de López- Dóriga Digital

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