8 marzo, 2021

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Nueva Era

Advierte CNDH grave contexto de violencia contra periodistas en Veracruz

** Mujeres, en situación de mayor vulnerabilidad; pide al Ejecutivo y Legislativo políticas públicas que favorezcan la libertad de expresión

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió del grave contexto de violencia contra periodistas en el estado de Veracruz, haciendo énfasis en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que ejercen el periodismo, proponiendo además, al titular del Ejecutivo Estatal y al Poder Legislativo, emprender diversas acciones para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, así como establecer mecanismos de protección eficiente a quienes se vean en riesgo.

En su Informe Especial sobre la violencia que enfrentan las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación en el estado de Veracruz, advierte que Veracruz sigue siendo la entidad más peligrosa para los periodistas, registrando del 2000 al 2019 un total de 23 crímenes; cuatro desapariciones forzadas, tres atentados contra medios de comunicación, y 71 quejas recibidas ante la CNDH por agresiones.

En un amplio informe, de 72 páginas, cuestiona el discurso político ante las agresiones y homicidios de periodistas, citando el discurso pronunciado por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa sobre las “manzanas podridas” en alusión al involucramiento de periodistas con el crimen organizado, así como la ley contra tuiteros y las reiteradas versiones de autoridades para desvincular el trabajo periodístico en los asesinatos, estigmatizando y desacreditando su labor informativa.

En el recuento de hechos, establece que Veracruz es la entidad federativa en la que se han registrado la mayor cantidad de homicidios en nuestro país, con 23 homicidios de los 153 registrados en todo el territorio.

El incremento de las agresiones en ese Estado también puede advertirse en la emisión de medidas cautelares por parte de este Organismo Nacional que registró en el 2018 un incremento de 200% respecto de las solicitudes de medidas cautelares realizadas en el 2015, por casos relacionados con periodistas y medios de comunicación; asimismo, llama la atención que, a nivel nacional, al 15 de noviembre de 2019 hayan ocurrido 12 homicidios de periodistas, cifra superior a los verificados en 2018.

La situación antes descrita da cuenta de un contexto de violencia muy grave en contra de las personas que ejercen el periodismo y los medios donde laboran, que no puede desligarse del incremento de la violencia contra otros sectores de la población y de la presencia del crimen organizado, pero que resulta necesario analizarla conjuntamente con las prácticas normativas e institucionales.

Por lo anterior, el organismo nacional estableció la necesidad de que los gobiernos implementen campañas de sensibilización y reconocimiento sobre el trabajo de las personas que ejercen el periodismo, tanto a los servidores públicos como a la sociedad en general, con el objeto de propiciar que su labor se realice con plena libertad y sin ningún riesgo de violencia.

Además, cualquier agresión a las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación debe condenarse e investigarse de manera pronta y diligente, en caso donde la víctima sea una mujer periodista, por ningún motivo las y los servidores públicos y las instituciones, como la Fiscalía General del Estado, evitar formular comentarios o publicar comunicados en los que se empleen estereotipos de género que puedan afectar la imagen de la agraviada, pues además de que se criminaliza a la víctima se dificulta su acceso a la justicia.

Así como revisar todas y cada una de las indagatorias relacionadas con agresiones o afectaciones a personas que ejercen el periodismo o medios de comunicación, atendiendo en todo momento la línea de investigación relacionada con la labor periodística y la perspectiva de género.

Y en los casos donde las víctimas, sus familiares, testigos y representantes legales que participen en las indagatorias relacionadas con agresiones a periodistas se encuentren en riesgo, se adopten medidas de protección específicas y suficientes a su favor.

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